Acciones, obligaciones, títulos de Estado.

¿Qué cambio radical producirá en la orientación del pequeño y medio ahorro la actual depresión económica si ella, como parece probable, se prolonga todavía por algún tiempo? Se puede observar que la caída del mercado de acciones determinó un enorme desplazamiento de riquezas y un fenómeno de expropiación "simultánea" del ahorro de vastísimas masas de la población, un poco en todas partes pero especialmente en América. Es así cómo los procesos morbosos verificados a causa de la inflación en los comienzos de la posguerra se han renovado en toda una serie de países y han operado en aquellos que en el período precedente no habían conocido la inflación. El sistema que el gobierno italiano intensificó en estos años (continuando una tradición ya existente, aunque en escala más pequeña) parece ser el más racional y orgánico, al menos para un grupo de países. ¿Pero qué consecuencias acarreará? Diferencia entre acciones comunes y acciones privilegiadas, entre éstas y las obligaciones y entre acciones y obligaciones del mercado libre y obligaciones o títulos del Estado. La masa de los ahorristas trata de deshacerse completamente de las acciones de todo tipo, desvalorizadas de una manera prodigiosa, prefiere las obligaciones a las acciones, pero prefiere los títulos del Estado a todo otro tipo de inversión. Se puede decir que la masa de los ahorristas quiere romper toda ligazón directa con el conjunto del sistema capitalista privado, pero no quita su confianza al Estado: quiere participar en la actividad económica, pero a través del Estado, que garantiza un interés módico pero seguro. El Estado es así investido de una función de primer orden en el sistema capitalista, como empresa (holding estatal) que concentra el ahorro a disposición de la industria y de la actividad privada, y como inversor a mediano y largo término (creación en Italia de las distintas Instituciones de Créditos mobiliarios, de reconstrucción industrial, etc.; transformación del Banco Comercial, consolidación de las Cajas de Ahorro, creación de nuevas formas de ahorro postal, etc.). Pero una vez asumida esta función debido a imperiosas necesidades económicas, ¿puede el Estado desinteresarse de la organización de la producción y del cambio? ¿Puede dejarla como antes en manos de la competencia y de la iniciativa privada? Si esto ocurriese, la desconfianza que hoy afecta a la industria y al comercio privado alcanzaría también al Estado. Se produciría una situación tal que obligaría al Estado a desvalorizar sus títulos (mediante la inflación o en otra forma) como se han desvalorizado las acciones privadas, todo lo cual sería catastrófico para el conjunto de la organización económico-social. El Estado es así obligado necesariamente a intervenir para controlar si las inversiones realizadas por su intermedio son bien administradas, hecho que permite comprender al menos un aspecto de las discusiones teóricas sobre el régimen corporativo. Pero el simple control no es suficiente. En efecto, no se trata sólo de conservar el aparato productivo en el estado en que está en un momento dado; se trata de reorganizarlo para desarrollarlo paralelamente al aumento de la población y de las necesidades colectivas. Es precisamente en este desarrollo necesario donde existe el mayor riesgo de la iniciativa privada y debe ser mayor la intervención estatal, aun cuando ella no esté exenta de peligros, sino todo lo contrario.

Estos elementos son ciertamente los más orgánicos y esenciales, pero existen también otros que conducen a la intervención estatal, o la justifican teóricamente: la agravación de los regímenes aduaneros y de las tendencias autárquicas, los premios, el dumping [subvaluar exportación], la salvación de las grandes empresas amenazadas de muerte o en peligro, vale decir tal como se ha dicho, la "nacionalización de las pérdidas y de los déficit industriales", etc.

Si el Estado se propusiese imponer una dirección económica mediante la cual la producción del ahorro, en lugar de ser "función" de una clase parasitaria, se convirtiese en función del mismo organismo productivo, estos hipotéticos desarrollos serían progresivos, podrían entrar en un vasto proyecto de racionalización integral. Sería necesario para ello promover una reforma agraria (con la abolición de la renta agraria como renta de una clase no trabajadora y su incorporación al organismo productivo, como ahorro colectivo que sería dedicado a la reconstrucción y a nuevos progresos) y una reforma industrial a fin de que todas las rentas sean dirigidas hacia las necesidades técnico-industriales y dejen de ser la consecuencia jurídica de un simple derecho de propiedad.

De este conjunto de exigencias, no siempre confesadas, nace la justificación histórica de las llamadas tendencias corporativas, que se manifiestan preferentemente como exaltación del Estado en general, concebido como algo absoluto, y como desconfianza y aversión a las formas tradicionales del capitalismo. De aquí deriva el hecho de que teóricamente el Estado parezca tener su base político-social en "los pequeños burgueses" y en los intelectuales, mientras que en la realidad su estructura permanece plutocrática y no logra romper las ligazones con el gran capital financiero. Por otro lado, es el mismo Estado el que se convierte en el más grande organismo plutocrático, el holding de las grandes masas de ahorros de los capitalistas pequeños. El Estado jesuítico del Paraguay podría ser utilizado útilmente como modelo de muchas tendencias contemporáneas. No es por otro lado absolutamente contradictoria la existencia de un Estado que se base políticamente en la plutocracia y en la piccola gente al mismo tiempo, como lo prueba el ejemplo característico de Francia, país donde no se comprendería el dominio del capital financiero sin la base política de una democracia de rentistas pequeño-burgueses y campesinos. Francia sin embargo, debido a complejas razones, posee aún una composición social bastante sana, existiendo una amplia base de pequeña y mediana propiedad agraria. En otros países en cambio, los ahorristas están separados del mundo de la producción y del trabajo, el ahorro es "socialmente" demasiado caro ya que es obtenido gracias a un nivel de vida muy bajo de los trabajadores industriales y especialmente agrícolas. Si la nueva estructura del crédito consolidase esta situación, en realidad, se empeoraría la situación: si gracias a la garantía del Estado el ahorro parasitario no tuviese que correr los riesgos del mercado normal, se reforzaría por una parte la propiedad terrateniente parasitaria y por la otra, las obligaciones industriales a dividendo legal, gravarían sobre el trabajo de una manera aún más aplastante.

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