Acciones, obligaciones, títulos del Estado. ¿Qué cambio radical producirá en la orientación del ahorro pequeño y medio la actual depresión económica si, como parece probable, se prolonga todavía por algún tiempo? Se puede observar que la caída del mercado de las acciones ha determinado un desmedido desplazamiento de riqueza y un fenómeno de expropiación "simultánea" del ahorro de amplísimas zonas de la población, más o menos en todas partes, pero especialmente en América; de este modo los procesos morbosos que habían ocurrido a causa de la inflación a principios de la posguerra se han renovado en toda una serie de países y se han presentado también en aquellos que no habían conocido la inflación en el período anterior. El sistema que el gobierno, italiano ha intensificado en estos años (continuando una tradición ya existente, aunque a menor escala) parece el más razonable y orgánico, por lo menos para un grupo de países; pero ¿qué consecuencias va a tener? Diferencia entre acciones comunes y acciones privilegiadas, entre éstas y las obligaciones, y entre acciones y obligaciones del mercado libre y obligaciones o títulos del Estado. La masa de ahorradores intenta deshacerse por completo de las acciones de toda clase, desvalorizadas de un modo inaudito, y prefiere las obligaciones a las acciones, pero, sobre todo, prefiere los títulos del Estado a cualquier otra forma de inversión. Se puede decir que la masa de los ahorradores quiere romper toda vinculación directa con el conjunto del sistema capitalista privado, pero no retira su confianza al Estado: quiere participar en la actividad económica, pero a través del Estado, que ha de garantizarle un interés módico, pero seguro. El Estado queda así promovido a una función de primer orden en el sistema capitalista, como empresa (holding estatal) que concentra el ahorro que se pone a la disposición de la industria y de la actividad privada, y como inversor a medio y largo plazo (creación italiana de los varios Institutos de Crédito mobiliario, de reconstrucción industrial, etcétera; transformación de la Banca comercial, consolidación de las Cajas de ahorro, creación de nuevas formas en el ahorro postal, etc.). Pero, una vez asumida esta función por necesidades económicas inevitables, ¿puede el Estado desinteresarse de la organización de la producción y el cambio, dejarla, como antes, a la iniciativa de la concurrencia y a la iniciativa privada? Si ocurriera eso, la desconfianza que hoy afecta a la industria y al comercio privados afectaría también al Estado; la formación de una situación que obligara al Estado a desvalorizar sus títulos (mediante la inflación o de otra forma), como han perdido valor las acciones privadas, sería catastrófica para el conjunto de la organización económico-social. Así el Estado se ve necesariamente llevado a intervenir para controlar si las inversiones realizadas por su trámite son bien administradas, y así se entiende un aspecto, al menos, de las discusiones teóricas acerca del régimen corporativo. Pero el puro control no es suficiente. No se trata sólo, en efecto, de conservar el aparato productivo tal como éste es en un momento dado; se trata, además, de reorganizarlo para desarrollarlo paralelamente con el aumento de la población y de las necesidades colectivas. Precisamente en estos desarrollos necesarios se encuentra el riesgo mayor de la iniciativa privada y tendría que ser mayor la intervención estatal, tampoco ella, por lo demás, carente de peligros, sino muy al contrario.

Se alude a estos elementos por ser los más orgánicos y esenciales, pero hay también otros más que llevan a la intervención estatal, o la justifican teóricamente: la agravación de los regímenes aduaneros y de las tendencias autárquicas, los premios, el dumping, las operaciones de salvamento de las grandes empresas a punto de quiebra o en peligro: en sustancia, y como ya se ha dicho, la "nacionalización de las pérdidas y de los déficits industriales", etc.

Si el Estado se propusiera imponer una dirección económica por la cual la producción del ahorro dejara de ser "función" de una clase parasitaria y se convirtiera en función del mismo organismo productivo, esos desarrollos hipotéticos serían progresivos, podrían situarse en un amplio proyecto de racionalización integral: para ello habría que promover una reforma agraria (con abolición de la renta de la tierra como renta de una clase no trabajadora, y con incorporación de ésta al organismo productivo, como ahorro colectivo que dedicar a la reconstrucción y a ulteriores progresos) y una reforma industrial, para reconducir todas las rentas a necesidades funcionales técnico-industriales, y no ya a consecuencias jurídicas del puro derecho de propiedad.

De ese complejo de exigencias, no siempre confesas, nace la justificación histórica de las llamadas tendencias corporativas, las cuales se manifiestan principalmente como exaltación del Estado en general, concebido como algo absoluto, junto con la desconfianza y la aversión por las formas tradicionales del capitalismo. La ulterior consecuencia es que, teóricamente, el Estado parece tener su base político-social en la "gente modesta" y en los intelectuales, cuando en realidad su estructura sigue siendo plutocrática y resulta imposible romper los vínculos con el gran capital financiero; por lo demás, el Estado mismo se convierte en el más grande organismo plutocrático, en el holding de las grandes masas de ahorro de los pequeños capitalistas. (El Estado de los jesuitas en el Paraguay podría recordarse útilmente como modelo de muchas tendencias contemporáneas.) No es, por otra parte, nada contradictoria la existencia de un Estado que se base a la vez políticamente en la plutocracia y en el hombre de la calle, como lo prueba un país ejemplar, Francia, donde precisamente no se comprendería el dominio del capital financiero sin la base política de una democracia de rentistas pequeño-burgueses y campesinos. Pero Francia, por razones complejas, tiene todavía una composición social bastante sana, pues cuenta con una ancha base de pequeña y media propiedad cultivadora. En otros países, en cambio, los ahorradores están fuera del mundo de la producción y del trabajo; el ahorro es en ellos demasiado caro "socialmente", porque se obtiene mediante un nivel de vida demasiado bajo de los trabajadores industriales, y especialmente de los del campo. Si la nueva estructura del crédito consolidara esa situación, se tendría en realidad un empeoramiento: si el ahorro parasitario, gracias a la garantía estatal, no tuviera ya que correr ni los riesgos generales del mercado normal, la propiedad parasitaria de la tierra se robustecería y, por otra parte, las obligaciones industriales, con un dividendo legal, gravarían aún más aplastantemente el trabajo. (C.V.; M. 340-342.)

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